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Ante la promulgación de la Ley de Emergencia en
Discapacidad Desde la Red Mundial Inclusiva a la
Discapacidad - RMID, manifiesta su compromiso activo y
la voz colectiva, vigilante frente a la declaración de
emergencia en discapacidad. Esta medida, aunque
excepcional, evidencia el fracaso estructural de las
políticas públicas existentes para garantizar los
derechos fundamentales de millones de personas con
discapacidad y sus familias. Como RMID - conformada por
organizaciones, profesionales, y liderazgos con y sin
discapacidad, exigimos que esta ley no sea una excusa
para retroceder en derechos conquistados, sino una
oportunidad para reconstruir el sistema desde una visión
de justicia social, accesibilidad universal e inclusión
plena. RMID Comprometidos con los derechos humanos,
promotores de la paz e inclusión real, expresamos
nuestro urgente respaldo a la declaración de una Ley de
Emergencia en Discapacidad en Argentina. Hoy, miles de
personas con discapacidad en todo el país enfrentan
vulneraciones graves y sistemáticas:
• Demoras Desprotección de cuidadoras/es y prestadores
que sostienen servicios en la entrega de medicamentos
tratamientos y dispositivos esenciales e injustificadas
en la tramitación del Certificado Único de Discapacidad
(CUD).
• Suspensiones o recortes en traslados, terapéuticos,
educación inclusiva y asistencia personal. NO pueden
esperar.
La inteligencia institucional se mide en la capacidad de
escuchar. Reclamamos espacios de diálogo efectivo con la
Red Mundial Inclusiva a la Discapacidad - RMID,
organismo referente del sector que han sostenido la
inclusión como constructor de Paz y dignidad, allí donde
el Estado a estado ausente.
Estas situaciones no son hechos aislados, sino parte de
un deterioro estructural que pone en riesgo derechos
fundamentales, consagrados en la Constitución Nacional,
la Ley 26.378 (Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad) y la Ley 24.901 (Sistema de
Prestaciones Básicas).
RMID - La emergencia no es un discurso: es nuestra vida
diaria, y debe ser reconocida con políticas concretas,
presupuesto específico y un enfoque de derechos humanos.
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